El 4 de agosto de 1976, el cuerpo del obispo de La Rioja, Enrique Angelelli, fue encontrado al costado de la ruta 38, camino a la capital provincial. La camioneta furgón en la que viajaba dio varias vueltas antes de que saliera expulsado. Su acompañante, el entonces vicario episcopal, Arturo Pinto, sufrió numerosos golpes y perdió la conciencia, pero salvó su vida. Cuando la policía encontró el cuerpo de Angelelli, estaba llamativamente dispuesto sobre la tierra. Ambos religiosos regresaban de Chamical, donde unos quince días antes habían sido secuestrados, torturados y brutalmente asesinados los jóvenes sacerdotes Gabriel Longueville y Carlos de Dios Murias. El obispo había oficiado la misa del entierro el 22 de julio y en la camioneta llevaba una valija con documentos recogidos para esclarecer estos crímenes.
Enrique Angelelli nació en 1923, en Córdoba. A los 26 años fue ordenado sacerdote y once años más tarde, obispo. En 1968, le fue asignada la diócesis de La Rioja. Allí, desarrolló con notorio entusiasmo su apuesta por los votos sociales del Concilio Vaticano II. Con su estilo llano y de estrecha relación con el empobrecido poblador de aquella provincia, estimuló y apoyó la organización de las empleadas domésticas, de los trabajadores mineros y agrícolas. Sus misas dominicales llegaron a ser transmitidas por radio hacia todos los rincones de la provincia. Pero en una Argentina en la que se agudizaban los conflictos sociales, pronto encontró la enemistad del clero integralista y conservador del país, de los dirigentes de las Fuerzas Armadas y de los sectores poderosos de La Rioja. Apenas producido el golpe del 24 de marzo de 1976, sus emisiones radiales fueron prohibidas. En varias oportunidades, sus misas debieron ser canceladas por la prepotencia de los grupos de poder local.
Al día siguiente de su muerte, el diario El Sol de La Rioja, tituló: “Murió Angelelli en un accidente”. Esta misma opinión fue la que mantuvieron por años la Dictadura y el Episcopado argentino. Pero su acompañante, Arturo Pinto, aseguró ante el Tribunal que abrió la causa en 1983 para investigar la muerte del obispo, que un Peugeot 404 maniobró bruscamente delante de ellos, provocando el vuelco de la camioneta en la que viajaban. Lo último que dijo recordar fue el ruido de una explosión. El 19 de junio de 1986, el juez Aldo Morales estableció que se trató de “un homicidio fríamente premeditado”. Las “leyes de la impunidad” en los 90 provocaron la caída de la causa. Pero la anulación de aquellas leyes, en 2005, permitió su reapertura. En 2010, Pinto y varios actores más se constituyeron en nuevos querellantes y solicitaron la imputación de catorce militares y policías, encabezados por el ex dictador Jorge Rafael Videla, el entonces comandante del III Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, y el interventor de La Rioja, coronel Osvaldo Héctor Pérez Battaglia. El 4 julio de 2014, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja consideró delitos de lesa humanidad el homicidio del obispo y el intento de asesinato del ex sacerdote Arturo Pinto y condenó por ellos a los represores Luciano Benjamín Menéndez y Luis Fernando Estrella a prisión perpetua y cárcel común.
